Los Procesos de Estabilización serán tratados el próximo
miércoles en la Mesa de Negociación . . .
La diputada de Presidencia y responsable del Área de RRHH, Belén
Castillo, ha convocado para este miércoles, 21 de julio, reunión de la Mesa General de
Negociación con un único punto en el O R D E N D E L D Í A:
Consideraciones sobre el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Desde la Sección Sindical de CCOO deseamos compartir con todos los
trabajadores afectados por estos procesos el punto de vista que sostendremos en
la citada reunión:
1.- Entendemos que las convocatorias
de procesos de concurso-oposición
no respetan, ni adaptan a la legislación española, las sentencias y dictámenes del TJUE
sobre el abuso de temporalidad en las administraciones públicas.
2.- Creemos que no sancionan de forma adecuada el fraude
producido con la temporalidad de larga duración, ya que hacen recaer sobre el trabajador afectado la sanción,
y no sobre las administraciones responsables de la prolongación de los contratos
y por tanto de la situación creada.
3.- Habrá que estar atentos a los recursos y
reclamaciones que se están presentando ante los organismos
comunitarios: TRIBUNAL EUROPEO DE JUSTICIA, COMISIÓN EUROPEA Y PARLAMENTO EUROPEO.
4.- También entendemos que la mejor solución pasa por acogernos a los
plazos máximos legales previstos en el propio decreto para el
desarrollo de los procesos, ya que así podremos adaptarlos a las mejoras que se
obtengan tras los recursos y reclamaciones presentadas. También eso nos
permitiría estar atentos y comprobar como otras diputaciones y ayuntamientos enfocan la resolución del problema,
acogiéndonos a la mejor solución legal posible.
Tal como os dijimos desde la Sección Sindical de CCOO, desde un primer momento, el tiempo corre a nuestro favor, y no en nuestra contra, para conseguir la solución más justa a este problema. Ninguna de las mejoras contenidas en el decreto, ni ninguna de las que puedan producirse a raíz de los recursos y reclamaciones presentadas, habrían sido de aplicación en la Diputación de Huelva si, como algunos pretendían, los procesos de estabilización ya se hubiesen ejecutado.
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