LA NEGOCIACION PASO A PASO 13

ELDIARIO.ES   28/02/2017

Cómo puede solucionar el Gobierno la situación de los 400.000 empleados públicos temporales

Los sindicatos piden la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria que permita regular esas plazas

Las personas que las ocupan y que tienen un contrato temporal o interino podrían presentarse a esa oferta, aunque no tendrían asegurada la plaza

La temporalidad llega al 36,5% entre el personal sanitario y al 25,5% en las comunidades autónomas

Las administraciones públicas tienen a cerca de 400.000 personas trabajando con contratos temporales o interinos. Muchas de ellas llevan años encadenando estos contratos y su trabajo corresponde, en realidad, a puestos estructurales. En septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiró a España de las orejas por cubrir empleo estructural con personal temporal e instó a las administraciones a tomar medidas. ¿Qué puede hacer el Gobierno para solucionar esta situación?

UGT y CCOO coinciden en reclamar un plan de empleo que permita convertir esas plazas en estructurales y que respete los principios de acceso al empleo público: publicidad, mérito, igualdad y capacidad. Se trataría de un proceso similar a los que tuvieron lugar en algunas administraciones en los años noventa. Entonces, la sanidad llegó a regularizar de este modo a casi la mitad de su personal.

Las administraciones convocarían una oferta de empleo público extraordinaria para esas plazas. Las personas que las ocupan y que tienen un contrato temporal o interino podrían presentarse a esa oferta, aunque no tendrían asegurada la plaza. Es decir, el proceso implicaría hacer esas plazas estructurales, pero no daría directamente a los trabajadores que las ocupan ahora la categoría de laborales o funcionarios. Esas personas tendrían que presentarse a la oferta de empleo pública y, quien la supere, tendrá la categoría de laboral o funcionario.

Los dos sindicatos insisten en que el Gobierno debe atajar este problema y permitir que las administraciones convoquen la oferta pública de empleo. Subrayan que al tratarse de plazas que ya están siendo ocupadas no implica un aumento del gasto público y no hay, por tanto, excusa para no hacerlo.